Estado y religión en la Constitución Española y en la Constitución Europea

La caza ha pasado de cumplir una finalidad utilitarista a convertirse en actividad deportiva y de ocio de una sociedad eminentemente urbana e industrializada. Ese cambio tan radical, unido a una nueva conciencia social por la conservación del medio ambiente, ha provocado que parte de la sociedad muestre su rechazo por dicha práctica. No obstante, al margen de la acción venatoria propiamente dicha, también constituye un actividad con múltiples derivaciones: ecológicas, ambientales, económicas y sociales, por lo que se ha convertido en un buen instrumento para conseguir otro tipo de fines distintos como, por ejemplo, la conservación del medio natural, de las especies amenazadas o protegidas o el propio desarrollo rural. En este sentido, la caza desempeña un papel importante como actividad agraria generadora de empleo y relevante desde el punto de vista socioeconómico para el desarrollo rural de muchas regiones. Todo ello ha originado tensiones que la han convertido en una actividad conflictiva tanto desde un punto de vista social como político. Las posturas a favor y en contra de las actividades cinegéticas en la actualidad están plenamente enfrentadas. Sin embargo, lo que parece indiscutible para todos es que se trata de una actividad cuyos efectos se proyectan en la propia naturaleza, en concreto sobre los recursos naturales; por ello, caza y conservación están destinadas a ir de la mano.

Estos argumentos ponen en evidencia la necesidad de que las actividades cinegéticas sean motivo de estudio tanto por parte de disciplinas científicas como, por supuesto, jurídicas e incluso sociológicas. El Derecho, en concreto, tiene la misión de regular qué aspectos pueden ser consentidos en el ejercicio de la venatio y cuáles deben ser prohibidos; los requisitos que deberán observar las diferentes actividades cinegéticas para su puesta en funcionamiento y durante su desarrollo (incluyéndose desde la organización de una montería o la instalación de una granja cinegética, a la planificación de una gestión sostenible); el ámbito de actuación de la intervención pública; qué medidas de vigilancia, reconocimiento y control son precisas para que la regulación se cumpla por sus destinatarios o, en caso contrario, qué consecuencias (civiles, penales o administrativas) se deben inferir de su incumplimiento, etc. De hecho, el legislador así lo viene haciendo desde hace lustros, aunque con distinta intensidad y con mayor o menor acierto. Así, por ejemplo, desde la Ordenanza General de caza y pesca de 1804, las normas referentes a esta materia se han ido sucediendo en el tiempo con cierta frecuencia. Además, hay que añadir otras normas igualmente aplicables a la caza contenidas en tratados internacionales y de Derecho comunitario que también integran el Ordenamiento jurídico interno. Pero esta situación se volvió aún más compleja a partir de 1989. Hasta entonces en España existía un único derecho de caza representado por la Ley de caza de 1970. A partir de esa fecha, tras la promulgación de la Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres, se publicaron las primeras leyes de caza autonómicas en virtud del reparto constitucional de competencias y, en consecuencia, pasamos a tener múltiples derechos de caza representados por cada una de las legislaciones autonómicas. La última normativa autonómica que se ha incorporado en materia de caza ha sido la Ley de la flora y la fauna silvestres de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2003. No obstante, aún existen seis Comunidades, en concreto Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, que no han desplegado una política cinegética propia, lo cual significa que la Ley de caza estatal de 1970 sigue siendo aplicable directamente en dichos territorios, y con carácter supletorio en el resto de las regiones.

Sin embargo, la labor del legislador y esta ingente cantidad de normas no ha estado acompañada de una actividad equiparable por parte de la Doctrina. Más bien al contrario, el análisis jurídico de las actividades cinegéticas es objeto de estudio en contadas ocasiones. Esta carencia de artículos y, sobre todo, de monografías especializadas, que estudien las implicaciones jurídicas de la caza, no se comprende si se tienen en cuenta algunos de los aspectos que rodean la práctica de la actividad cinegética. En primer lugar, por la importancia del colectivo que aglutina. Debe tenerse en cuenta que en España existen alrededor de un millón de cazadores, cuya actividad cinegética esta cifrada en torno a los 2.330 millones de euros anuales y genera 130.000 empleos equivalentes, de los cuales 15.127 son fijos. Sin embargo, no sólo se ha de valorar la magnitud del colectivo afectado y el capital que moviliza, sino que también son relevantes los problemas jurídicos que el propio sector cinegético genera, siendo especialmente frecuentes aquellos que tienen que ver con la reparación de los daños, con la constitución de acotados, con las infracciones y sanciones, etc. Ello, unido a la profusión de normas en materia de caza con multiplicidad de fuentes, hace que sea imprescindible el estudio por parte de la Doctrina que aclare qué normas están en vigor y son plenamente exigibles y cuáles están derogadas, conciliando la autonomía territorial que impone la Constitución y el hecho de que la legislación estatal de caza sea preconstitucional. Asimismo, otro aspecto que la Doctrina debe clarificar es el alcance de la normativa comunitaria y de los tratados internacionales sobre el derecho interno, descifrando, en su caso, cómo resolver los problemas y, sobre todo, las contradicciones que se originan como consecuencia de dicha coexistencia e interrelación normativa. Todas estas cuestiones insuficientemente reguladas requieren soluciones jurídicas inmediatas. En definitiva, existen motivos sociales, económicos, jurídicos y biológicos de sobra que reclaman una mayor consideración por parte de la Doctrina.

De la constatación de esta realidad arranca el presente trabajo de investigación que, además, ha tratado de relacionar dos disciplinas completamente distintas dado el carácter multidisciplinar que presentan las actividades cinegéticas. Por un lado, se trata de una materia con una especificidad propia que la hace participar dentro del Derecho de varias disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, los problemas competenciales que surgen de la estructura organizativa del Estado corresponden al Derecho constitucional; por su parte, el Derecho civil se encarga de regular los aspectos relativos al derecho de propiedad sobre especies, instalaciones cinegéticas, el arrendamiento del aprovechamiento cinegético, etc., así como la responsabilidad civil por daños; al Derecho penal conciernen las conductas constitutivas de delito según la tipificación realizada por el propio Código penal, etc. Sin embargo, es el Derecho administrativo la rama del Derecho que mayor protagonismo tiene en la regulación de las actividades cinegéticas. Esto es lógico por el gran intervencionismo público que siempre ha soportado esta materia, justificado en la actualidad por razones de protección y conservación de los recursos naturales. Por otro lado, el análisis eminentemente jurídico se complementa con la aportación de la ciencia. A este respecto, las recientes aportaciones de la Biología son necesarias para llevar a cabo dicha labor de forma completa y realista. Esta circunstancia conlleva que la metodología empleada no se ajuste escrupulosamente a la propia de las ciencias jurídicas ni, por supuesto, se trate de la metodología empleada en la rama científica. Así pues, partiendo de esta realidad mixta del tema de la caza, abordamos el presente trabajo y es, precisamente en ese proceso de interacción o comunión de ambas disciplinas, donde este trabajo de investigación aporta su mayor novedad.

El objetivo principal de este trabajo es el análisis del régimen jurídico de la actividad cinegética en el Derecho español, teniendo en cuenta que se trata de una materia que, en virtud del reparto constitucional de competencias, puede ser asumida en exclusiva por las Comunidades Autónomas, como así ha ocurrido en muchas de ellas, y sin perder de vista la aportación de la ciencia al respecto. De lo que se trata, por tanto, es de analizar críticamente en qué medida la regulación jurídica de la caza en España cumple con las exigencias del sector, sin poner en riesgo la sustentabilidad de los aprovechamientos y la conservación de las especies no cinegéticas.



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La presente obra se corresponde con parte de la tesis doctoral defendida en Diciembre de 2004, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, ante el Tribunal presidido por el profesor Manuel Rebollo Puig, y compuesto por los profesores José M.ª Souvirón Morenilla, Mariano López Benítez, Rafael Villafuerte Fernández y Antonio Javier Lucio Calero. A todos quiero agradecer el haber aceptado formar parte del Tribunal, así como las sugerencias e indicaciones que me realizaron en su momento.